Malas notas

Si ayer comentaba las recomendaciones del Consejo Empresarial para la Competitividad para mejorar el empleo, hoy me fijo en el informe que presentó el Instituto de la Empresa Familiar con motivo del XVII Congreso Nacional de ídem. Porque, aquí también, los empresarios (entre los que se encuentran algunas compañías bien conocidas por sus dimensiones y expansión, como Mercadona, Inditex o Ferrovial) alertan sobre la lentitud de la recuperación y cuestionan la eficacia de algunas de las medidas estrella del Gobierno.

Inauguración del Congreso Nacional de Empresa Familiar. Foto: Casa Real

Inauguración del Congreso Nacional de Empresa Familiar. Foto: Casa Real

El informe recoge los resultados de una encuesta interactiva realizada a 500 empresarios asistentes al congreso y que, según aseguran, ha sido contestada por todos. Coincide con un contexto político dominado por las noticias de corrupción y la incertidumbre sobre el “efecto Podemos”, lo que explicaría que la situación política reciba la peor nota que le habían dado nunca: un 1’08 sobre 9, lo que se traduciría en un claro “muy deficiente”. La encuesta entra al detalle de las iniciativas de carácter económico y empresarial adoptadas por el Gobierno para “recuperar la senda del crecimiento” y solo unas pocas consiguen el aprobado: la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (6’13 puntos), la Ley de Mutuas (5’83), la Reforma Laboral (5’37) y la Fiscal (5 puntos). Peor paradas salen la Ley Concursal, la de Fomento de la Financiación Empresarial o incluso el Plan de Proveedores. En general, la puntuación de los empresarios a las políticas del ejecutivo oscila en torno al 4, una nota que deja poco margen a la autocomplacencia.

La valoración de la situación económica es bastante mejor que la política, incluso superior a la del año pasado, pero aún así tampoco llega al aprobado. Se queda en un 4’26%. Y es en este punto donde se hace visible la preocupación de los empresarios sobre el empleo. La mayoría sigue negando nuevas contrataciones en el 2015 y solo el 32% contempla la posibilidad de incrementar la plantilla. Aún hay un 11% que prevé despidos.

No es más que una “encuesta de satisfacción” y una “declaración de intenciones”, más cercana al ámbito psicológico que a la praxis mercantil, pero reúne suficientes “peros” como para que el Gobierno los tenga en cuenta en lo que le queda de curso hasta la próxima reválida.

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