Las tarjetas opacas salen a la luz

Sede operativa de Bankia en Madrid. Fuente: web de Bankia

Sede operativa de Bankia en Madrid. Fuente: web de Bankia

Si las tarjetas de Bankia son legales o no, deberán decidirlo en sede judicial. Se discute si está justificado el gasto de 15 millones de euros durante nueve años por parte de los propios directivos de una entidad (primero Caja Madrid y luego Bankia) en la que se estaban inyectando inmensas cantidades de dinero público en concepto de “rescate”. Se discute, incluso, si se han cometido fraudes o delitos fiscales, por no declarar esos gastos a la Hacienda Pública.

Pero más allá de la cuestión legal y de la deriva judicial que pueda seguir este asunto, una vez más es la ética la que está en juego. Ya se ha cobrado alguna “víctima”: el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Fundación de Caja Madrid y el líder de UGT-Madrid. Se autoproclaman inocentes y justifican los gastos como inherentes a sus responsabilidades, pero ponen su cargo a disposición en un intento desesperado de lavar la imagen, no sólo la suya sino también la de las entidades que representan.

La cuestión es que parece ser que estas tarjetas se utilizaron hasta el 2012, mientras el resto de la población padecía los efectos más duros de la crisis y mientras se cuestionaba el papel de los bancos en desahucios, venta de preferentes, limitación del crédito a pymes y autónomos… Aunque suene demagógico, pues no deja de ser una simplificación de los hechos, lo cierto es que resulta escandaloso que los directivos de un banco rescatado con dinero público destinen parte de dicho dinero a comprar ropa y complementos (700.000 euros, según se ha publicado) o  a hacer la compra en grandes superficies (1 millón de euros), por no entrar en otros gastos aparentemente más relacionados con el cargo (comidas, viajes y desplazamientos). Y, lo peor: sin declarar los gastos, o haciéndolo sólo en parte. ¿Cómo podrán justificar esto? Desde luego, el argumento del “desconocimiento” resulta poco convincente tratándose de asesores y consejeros de alto nivel de una entidad financiera.

Otro tema es si este “escándalo” que ha popularizado el término de “tarjetas opacas” no es más que un ejemplo de otros muchos casos similares que proliferaron en tiempos de opulencia y descontrol del gasto. Esperemos que, al menos, la mayor fiscalización que ha provocado la crisis sirva para poner freno a “privilegios” como éstos cuya procedencia ni siquiera fue puesta en duda por sus beneficiarios hasta que se sometió a la opinión pública… y a la Fiscalía Anticorrupción.

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